La Reforma Constitucional Pendiente: génesis de las variadas polarizaciones hasta nuestros días

Hay una seria problemática con la propuesta presentada por Lucas Ghersi para prohibir mediante ley la convocatoria a una Asamblea Constituyente, ya que no solo se nos presenta como jurídicamente insostenible, sino que per se representa una sería amenaza a nuestro sistema democrático en lo político. Respecto a lo jurídico: ni el Presidente, ni el Congreso pueden suprimir o disminuir derechos populares, ya que la reforma total de la Constitución es una prerrogativa reconocida en la Constitución de 1993 vigente, en su artículo 32.

Por otro lado, y en torno a lo político: anular toda posibilidad de una Asamblea Constituyente es negar el principio de soberanía popular que es consustancial a todo régimen democrático, lo que no es otra cosa que afirmar la supremacía del poder constituyente que reside en el pueblo por sobre todo poder constituido. Lo que nos lleva a precisar que esto va más allá de la mera simpatía o no, aquiescencia o rechazo, a la idea de una Nueva Constitución, sino de defender el derecho legítimo del pueblo a deliberar y debatir sobre la forma de organizar su sociedad política y su modelo económico.

Resulta paradójico que quienes se declaran defensores de la libertad y del Estado de Derecho, en el caso del señor Ghersi [que también simpatiza con ideas liberales y libertarias], sean los primeros en proponer medidas antipopulares que restringen derechos políticos y que subrepticia sino manifiestamente, desprecian la voluntad popular.

En nuestro caso particular, nosotros abogamos por reformas estratégicas a la Constitución lo que implicaría reformas parciales, en lo político [mejora de la estructura del Estado] y en lo económico [mejora del modelo de Economía Social de Mercado], siendo esta postura la más realista al estado del nivel de concientización política de la población sobre estos temas.

Por lo anterior consideramos que una reforma total es inviable por el momento, más por aspectos operativos que de fondo, ya que el grado de polarización que hay sobre el tema no permite hasta ahora llegar a consensos para un nuevo texto. Pero de allí a estar a favor de anular todo debate sobre una reforma total va contra toda razón de derecho, por lo que reconocemos que en esta iniciativa se esconde un subrepticio aceleracionismo de la polarización guiado por las ansias de protagonismo político de alguien que a todas luces es instrumentalizado por otros intereses, y que solo puede redundar en generar el efecto contrario, con las consecuencias negativas que ello puede acarrear: (i) que una izquierda peruana sin criterio técnico monopolice el proceso y plantee un nuevo texto constitucional lleno de ideología y vacuo en criterios de Estado, o (ii) que una derecha peruana sin empatía política, bloquee reformas estructurales necesarias para el desarrollo político, social y económico de la nación por temor a un cambio sin garantías.

Todo lo mencionado prueba una vez más que, la solución debe partir de la conjunción entre nacionalismo y pragmatismo, fuera de los marcos caducos de izquierdas y derechas que lo único que hacen con su acción seudopolítica es engañar y confundir al pueblo y desviarlo de las reales problemáticas que urgen para encaminar al Perú a ser una potencia emergente en la región suramericana y recobrar el justo sitial que la historia le tiene deparado.

Atte. Secretaría Nacional